Fuente: La Nueva España
Natalia Fabra (Madrid, 1975), licenciada
en Ciencias Económicas por la Universidad
Carlos III de Madrid, doctora en Economía
por el Instituto Universitario Europeo de
Florencia y profesora de la Universidad Carlos
III, sostiene que “la globalización no puede
producirse a costa de las conquistas que
nos definen como sociedad y que están en
las bases de nuestro progreso”. Especialista
en organización industrial y en el análisis de
la regulación y competencia de los mercados
energéticos, así como en el diseño de las subasta
eléctricas, asegura que, de levantarse
la actual moratoria nuclear, el precio de la
electricidad no se abarataría en España. Fabra
obtuvo el 20 de junio el premio Sabadell-
Herrero a jóvenes economistas.
–¿Por qué la electricidad es más cara en
España que en los países del entorno?
–Una razón fundamental es que estamos
pagando por la energía eléctrica un precio
superior a los costes de producción. Esto
obedece a que en el modelo español todas
las fuentes de energía utilizadas para atender
las necesidades de consumo eléctrico se
remuneran al precio que marque la tecnología
más cara necesaria para cubrir la demanda.
Por ello, las centrales nucleares e hidroeléctricas,
que ya han recuperado sus costes
de inversión y tienen unos costes de producción
inferiores a otras tecnologías, están
sobrerremuneradas.
–Con el modelo vigente en España, el fin
de la moratoria nuclear no abarataría la
electricidad.
–Seguiríamos pagando prácticamente el
mismo precio. Cuando se dice que España
no debe renunciar a una energía barata como
la nuclear no se explica que es barata para
quien la produce, pero no para quien la
consume. Si tuviéramos un parque nuclear
que permitiese generar con esta tecnología
el 50% de la electricidad que consume España,
el precio de la energía para el consumidor
sería el mismo durante la mayor parte de
las horas. Lo que sí se produciría sería un aumento
de los beneficios empresariales y
también de los riesgos de accidente nuclear
que, éstos sí, soportamos todos.
–Alguna gran eléctrica ha achacado la
mayor carestía de la electricidad en España
a los impuestos.
–Es al revés. En España los impuestos son
inferiores a los de otros países europeos. De
hecho, y tomando los datos de Eurostat, los
precios de la electricidad en España son más
favorables si en la comparativa incluimos
los impuestos. Nuestro problema son los
precios de la electricidad antes de impuestos.
Por lo tanto, no sólo no es como se dice,
sino todo lo contrario.
–Algunas eléctricas han sido muy beligerantes,
meses atrás, en la denuncia de que el
recibo de la luz es muy caro porque recoge
costes ajenos a la generación eléctrica y que
no son imputables a las empresas.
–Los costes de transporte, distribución y
comercialización y las primas a las energías
renovables (con las que se produce más del
40% de la electricidad en España) son imprescindibles
y, por lo tanto, no son ni pueden
considerarse costes ajenos al suministro
eléctrico.
–Pero las grandes compañías eléctricas,
con fuerte implantación en tecnologías
convencionales, responsabilizan del déficit
de tarifa (30.000 millones que se adeudan a
las operadoras) a las primas que se dieron
para impulsar las energías renovables.
–El déficit de tarifa es la diferencia, no entre
lo que pagamos y los costes reales del suministro
eléctrico, sino entre lo que pagamos
en el recibo y los costes que se les ha reconocido
a las empresas el regulador. La pregunta
es: ¿se han reconocido correctamente
esos costes? El hecho es que en algunos casos
estamos reconociendo costes superiores
a los costes reales; mencionábamos antes la
sobre-remuneración a las energías nuclear e
hidráulica. Pero además Bruselas nos exige
que en 2020 produzcamos el 20% de nuestra
energía primaria con fuentes renovables. Y
en marzo, la Comisión Europea avisó a España
de que no estamos cumpliendo. Hoy el
14% del total de la energía consumida tiene
origen renovable. Por lo tanto, y con independencia
de cuáles sean nuestras preferencias
de política energética, tenemos que
cumplir un compromiso que es vinculante.
Y no parece que lo vayamos a hacer.
–¿No será posible remontar seis puntos
en seis años?
–Difícilmente, una vez que se ha producido
el parón regulatorio a las energías renovables.
–Pero el déficit de tarifa ¿no es imputable
a los primas a las renovables?
–No se puede pintar con colores el déficit
de tarifa. Los ingresos son insuficientes para
cubrir los costes reconocidos. La cuestión
no son las primas, sino qué costes reconocidos
están justificados y cuáles no. Se pagó
una alta remuneración por las energías renovables
cuando aún no eran unas tecnologías
maduras. Pero ¿las hemos sobrerremunerado?
Yo creo que no. En 2003 nadie invertía
en esas tecnologías. Pero luego, en 2006 y
2007, se produjo una inversión brutal en el
sector. Esto obedeció a causas ajenas, como
los bajos tipos de interés, unidos a la liquidez
que provenía del negocio inmobiliario en
busca de alternativas de inversión.... El fallo
no fue la remuneración: en ese momento
los costes de estas energías eran elevadísimos
porque eran tecnologías nuevas, lo que
explica que su remuneración fuese elevada.
Con el avance y perfeccionamiento de estas
tecnologías, el coste de inversión en fotovoltaica
ha caído el 80% en cinco años. El fallo
fue la falta de seguimiento de la capacidad
instalada. En un año la capacidad fotovoltaica
se disparó hasta los 3.000 megavatios
cuando el objetivo era de 450.
–¿Es un buen negocio que España haya
abandonado esta senda ahora que estas
tecnologías son más baratas después de haber
hecho un gran esfuerzo de impulso
cuando eran caras?
–Fue un error entonces invertir en exceso
y es un error ahora abandonar el sector
cuando los costes de inversión son muy inferiores,
más cuando se trata de un sector
que fomenta la innovación, el desarrollo industrial
y el empleo de calidad. De ambos,
quizá sea mayor el segundo error. Sobre todo
porque se produce en un momento en
que España tiene que dar un giro a su modelo
productivo y buscar alternativas tras el
desplome inmobiliario.
–¿Tenía España ventajas acumuladas por
haber sido un país pionero?
–Sí, ciertamente. Y de esto se han beneficiado
algunas de nuestras empresas con
contratos en el extranjero. Otro país pionero
fue Dinamarca con su apuesta por la energía
eólica, con la que genera el 50% de la electricidad
que consume. Hoy, es la tecnología
más competitiva, con un coste medio de 30
euros por megavatio hora, mientras que el
precio del mercado eléctrico español se sitúa
en 50 euros. Dinamarca apostó por una
energía renovable y ahora recoge los frutos
porque no la abandonó.
–La revisión a la baja, y sobre todo con carácter
retroactivo, de las primas a las renovables,
¿deteriora la imagen internacional
de España como país sin seguridad jurídica?
–Sí existe ese daño y se contagia a otros
sectores de la economía porque el que ha
cambiado las normas y las reglas de juego
con carácter retroactivo es el Estado.
–La alemana E.On está sondeando a posibles
compradores de su negocio español
para abandonar el país. ¿Tienen razón las
eléctricas cuando dicen que, en contra de la
percepción popular, producir y vender
energía en España no es un gran negocio?
–Yo creo que una de las razones por las
que E.On pretende irse es precisamente por
la inseguridad jurídica que hay en España,
seguramente unido a otros factores, como
sus problemas de deuda y su decisión de replegarse
de los mercados del Sur de Europa.
E.On tiene en España plantas convencionales,
pero también redes de distribución y
parques eólicos (ambos han sufrido recortes
retroactivos) y ciclos combinados, con muy
bajas horas de funcionamiento. Por lo tanto,
E.On está presente en segmentos muy castigados
por la coyuntura regulatoria, sin olvidar
que E.On entró en España pagando plusvalías
muy altas por Electra de Viesgo.
–La subasta trimestral (la llamada subasta
Cesur) que establecía el precio de la electricidad
en España cada tres meses ¿pudo
haber sido manipulada en diciembre para
causar el encarecimiento descomunal de la
electricidad?
–En su último informe, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
aporta nueva evidencia sobre las anomalías
que le llevaron a anular la subasta en diciembre.
Yo no he podido analizar estos datos,
porque no son públicos. Pero en trabajos
de investigación previos, he podido constatar
que en el mercado eléctrico español
ciertas empresas tienen capacidad e incentivos
para ejercer poder de mercado y así
elevar estratégicamente los precios por encima
de los costes. ¿Pudo haber habido manipulación?
Sí. ¿Ocurrió? No lo sé.
–El nuevo sistema impuesto por el Gobierno
a partir de este año, aplicando los
precios que emanen de las subastas diarias
de electricidad, ¿es más favorable?
–Creo que puede ser favorable. La gestión
de la demanda en el sector eléctrico debe jugar
un papel creciente. La electricidad no es
como el pan, cuyo coste de producción es el
mismo a cualquier hora. La electricidad no
se puede almacenar, y para generarla hay
que recurrir a distintas tecnologías con costes
dispares. Por ello, según haya más o menos
demanda, sople más o menos viento, el
coste de producción varía de hora en hora. Si
el consumidor, conociendo los precios horarios,
traslada consumo a las horas de menor
coste, se aplanará la curva de demanda y
con ella la de producción. Así se abaratará la
producción eléctrica, y se reducirá la necesidad
de mantener capacidad ociosa. Pero las
pautas de consumo no cambiarán sin incentivos.
Con este sistema los usuarios tendremos
incentivos a desplazar parte de
nuestro consumo a las horas de menor coste.
Pero se necesitan además nuevos contadores,
que registren el consumo horario y
nos informen sobre el precio horario de la
electricidad. Los actuales, incluidos los llamados
contadores inteligentes, sólo aportan
información a las empresas.
–¿Hay exceso de capacidad de generación
en España?
–Hay un cierto exceso de capacidad instalada,
aunque la experiencia indica que cuando
la economía repunta, la absorción de los
excesos de capacidad es muy rápida. Ahora
bien, hay que distinguir entre capacidad instalada
y capacidad firme. España tiene
110.000 megavatios de capacidad instalada,
pero nuestra capacidad firme es de 55.000
porque algunas instalaciones sólo pueden
producir cuando hay agua embalsada o
cuando sopla el viento. Por lo tanto, hay un
exceso de capacidad instalada, pero no en la
relación de 110 a 55, sino de 55 a 40.
–¿Es barata la energía nuclear ?
–Depende. Una central que ya ha amortizado
y recuperado su inversión produce
energía muy barata, pero esto no es así si la
planta es nueva y no ha recuperado por tanto
su inversión. No creo que en este momento
haya inversores dispuestos a invertir en
energía nuclear con precios de 50 euros por
megavatio hora. En el Reino Unido se van a
construir dos reactores, pero sólo porque el
Gobierno ha suscrito con sus propietarios
contratos a largo plazo con una remuneración
de 100 libras (126 euros) por megavatio.
–¿Liberalización implica desregulación?
–La liberalización de la economía exige
regulación y ambas políticas son complementarias.
Hay que liberalizar más, pero
precisamente por eso hay que regular más y
mejor. La electricidad y la banca son claros
ejemplos de sectores liberalizados y a la vez
sectores muy regulados. Si no hay regulación,
el hueco lo cubre la autorregulación. Y
sin un conjunto de reglas iguales para todos,
no hay posibilidad de competir. Son las
reglas las que permiten y garantizan la libertad
para todos.
–La actual crisis internacional fue la resultante
de un largo proceso de desregulación.
¿Hubo ingenuidad?
–Creo que no hubo tal ingenuidad. La autorregulación
era el mejor de los mundos
posibles para el autorregulado, porque propicia
el entorno más favorable para los intereses
particulares. La autorregulación no se
compadece con el interés general.
–¿Cómo deber ser la supervisión?
–La supervisión debe ser cualificada, y
ello exige especialización. La Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia,
creada el año pasado, abarca muchos sectores
regulados, todos ellos muy complejos.
No es por tanto un buen ejemplo de especialización.
Soy partidaria de órganos reguladores
y supervisores sectoriales, como bajo el
modelo anterior (Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
la de Energía, la del Mercado
de Valores y la de la Competencia), y no
de superreguladores. En su seno hay profesionales
especializados y muy bien cualificados,
pero quienes en última instancia toman
las decisiones son los consejeros…y ni
nadie sabe de todo, ni el proceso de selección
ha brillado por su rigor.
–Los casos de Gowex y participaciones
preferentes, antes Enron y otros, ¿evidencian
fallos de regulación y supervisión?
–Ha habido fallos en los mecanismos de
supervisión y regulación en los que el Banco
de España y la CNMV no estuvieron a la altura
de las expectativas.
–Según el ex presidente de la Reserva Federal
Alan Greenspan, por mucha supervisión
que haya, la única forma de descubrir
fraudes es si alguien desde dentro de la empresa
o el banco lo desvela.
–Las empresas que quieran cometer fraude
buscarán todos los medios para pasar
desapercibidas. Y ello exige mecanismos de
supervisión cada más avanzados porque el
supervisor no es omnipresente. Por ejemplo,
la lucha contra los cárteles se ha visto
fortalecida con la introducción de los programas
de clemencia que incentivan a las
empresas participantes a autodenunciarse
para incriminar al resto, a cambio de exenciones
o reducciones en las multas. Incluso
en algún país se premia al soplón, a empleados
que aporten información interna
de sus empresas que permitan la detección
de cárteles.
–La gran concentración financiera que
se ha producido en España, ¿restringe la
competencia?
–Salimos de la crisis con sectores más
concentrados y ello exige más supervisión y
mayor vigilancia.
–La globalización conlleva integraciones
y uniformidad. ¿Será capaz el mercado de
generar antídotos y promover nuevos operadores
para romper los oligopolios que generen
las fusiones trasnacionales?
–Sí, pero serán menos potentes que las
fuerzas hacia la concentración. La globalización
no puede ser un pretexto para permitir
la concentración empresarial o para que se
eleven las barreras a la entrada de nuevos
operadores, en definitiva, para que se limite
la competencia. No antepongamos lo uno a
lo otro. Si la globalización es positiva y la
queremos, debe proteger nuestros principios.
Uno de ellos es el libre mercado, pero
también lo es el Estado de Bienestar, la protección
de los derechos laborables, del medioambiente...
La globalización no puede
producirse a costa de las conquistas que nos
definen como sociedad y que están en las
bases de nuestro progreso.
by PI
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