La semana pasada, mientras el Gobierno heleno realizaba el pago adeudado al Fondo Monetario Internacional (FMI) -echando mano del fondo de emergencia en la institución-, Moody´s castigaba a Chicago con una rebaja de su deuda, que ahora es considerada como un bono basura, al igual que otras como Atlantic City. Una decisión que rápidamente desató las comparaciones de la ciudad del viento con urbes como Detroit, que se vieron obligadas a cobijarse bajo la protección del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota estadounidense.
La suspensión de pagos de la que fuera cuna del automóvil culminó en diciembre del año pasado, cuando la urbe comenzó a resurgir de sus cenizas tras un recorte en sus pensiones, un plan para invertir 1,400 millones de dólares (21,000 millones de pesos) además de reducir su deuda en 7,000 millones de dólares (unos 105,050 millones de pesos al cambio actual) durante la próxima década.
Curiosamente, el Estado de Illinois, que acoge la ciudad de Chicago, cuenta ahora con la calificación de deuda más baja en comparación con el resto de Estados y una brecha en el pago de sus pensiones por valor de 111,000 millones de dólares (1,665,719 millones de pesos). Desde Detroit hasta San Bernardino, Mammoth Lakes o Stockton, son ciudades que durante los últimos años se han visto obligadas a suspender pagos y someterse a una reestructuración, incluyendo quitas a acreedores y pensionistas.
"La declaración de quiebra de un municipio ofrece cierto espacio para respirar y crear una oportunidad para establecer un plan financiero que sea justo para los acreedores de la municipalidad así como un alivio suficiente para el municipio de tal manera que el presupuesto vuelva a ser sostenible", explica Wayne H. Winegarden, experto del Pacific Research Institute. Sin embargo, mientras los municipios cuentan con la posibilidad de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota estadounidense, los Gobiernos estatales carecen dicha posibilidad.
"Hablar de una quiebra es radical pero considerar que varios estados que afrontan la insolvencia sin un plan de contingencia también lo es", indica Richard Dye, economista de la Universidad de Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de Illinois (IGPA, por sus siglas en inglés). De hecho, pese a la recuperación que vive la economía estadounidense durante los últimos años, los déficits presupuestarios de muchos de sus estados siguen en aumento. Un análisis de la agencia Associated Press muestra que al menos 22 estados, de los 50 que componen el país, proyectan un déficit presupuestario para el próximo año fiscal. Brechas que imitan al escenario vivido durante la última recesión y despiertan cierta ansiedad ante la caída de los ingresos fiscales y recortes en educación, servicios sociales.
"Los ratings de la deuda estatal son mucho más dispares que hace cinco años, con aquellos gobiernos con peor calificación teniendo muchos problemas para lidiar con sus obligaciones, especialmente en pensiones", asegura Robin Prunty, director de servicios de rating de Standard & Poor's. La caída en los precios del crudo han hecho mella en algunos Estados, como el de Louisiana, cuyo déficit presupuestario se ha disparado hasta los 1,600 millones de dólares (24,000 millones de pesos) para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Tanto Moody´s como S&P ya han advertido sobre posibles rebajas de calificación. El Estado de Ilinois debe buscar soluciones antes de julio para cerrar una brecha proyectada de más de 6.000 millones de dólares (90,038 millones de pesos) mientras en Kansas, la sutura de un déficit presupuestario de 800 millones de dólares (12,000 millones de pesos) se ha materializado en decenas de recortes para escuelas y programas sociales.
Después de años acumulando déficits, los organismos públicos de Puerto Rico deben alrededor de 73,000 millones de dólares (unos 1,094,479 millones de pesos) a sus acreedores, cuatro veces más de la cuenta que obligó a la ciudad de Detroit a cobijarse en las leyes de bancarrota hace ya dos años. Durante los últimos nueve ejercicios económicos, su economía ha entrado y salido de la recesión.
El gobernador de la isla, Alejandro Padilla, anunció la semana pasada una revisión de sus planes fiscales para acceder a financiación a corto plazo o, de lo contrario, parte de las operaciones del Gobierno deberán echar el cierre. Para ello, Puerto Rico necesita encontrar 1.500 millones de dólares (1.230 millones de euros), bien a través de ingresos o mediante la realización de las siempre impopulares políticas de recortes.
La propuesta de introducir un nuevo impuesto sobre las ventas del 16 por ciento fue tumbada el mes pasado. Los fondos de cobertura, que poseen cerca de 4,500 millones de dólares de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, están presionando al Ejecutivo de la isla para que proponga una reforma tributaria, que sería la condición previa a un nuevo acuerdo de financiación por valor de hasta 2.950 millones de dólares.
Fuente: eleconomistaby PI
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